El Gobierno argentino protestó ante el Reino Unido por la prórroga de licencias petroleras en Malvinas
Cancillería reclamó formalmente después de que la administración británica en las islas extendiera por cinco años los permisos de exploración y producción de hidrocarburos offshore a las empresas que operan en la zona.

El Gobierno argentino presentó una protesta formal ante el Reino Unido después de que la administración de las islas Malvinas anunciara la prórroga por cinco años de las licencias de exploración y producción de hidrocarburos offshore a las petroleras que operan en el archipiélago, cuya soberanía reclama la Argentina.
Según trascendió, la extensión alcanza a todas las licencias vigentes y podría ampliarse por dos años adicionales si las compañías cumplen con los programas de trabajo pactados. Entre las firmas vinculadas al yacimiento Sea Lion figuran Navitas Petroleum, con una participación mayoritaria, y Rockhopper Exploration, a través de sus subsidiarias Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum. El inicio de la extracción de crudo estaba previsto, hasta ahora, para marzo de 2028.
Desde la Cancillería argentina calificaron la decisión británica como contraria al derecho internacional. "La exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la plataforma continental argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", sostuvo el Palacio San Martín en su reclamo formal.
La protesta se suma a una serie de medidas que el Gobierno viene tomando desde principios de mes: el 4 de septiembre, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas presuntamente vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona, y días después sumó otros 15 sujetos a esa lista.
En paralelo, la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, dictó medidas cautelares contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, por las que les ordenó abstenerse de realizar trabajos de perforación e instalaciones submarinas vinculados al proyecto Sea Lion. El Ejecutivo aseguró que utilizará "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" a su alcance para defender lo que considera derechos soberanos sobre la plataforma continental.
Con información de Infobae.
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