Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajó a los 14 años

Desde este sábado 5 de septiembre rige en toda la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, la normativa que reemplaza al esquema vigente desde 1980 y que baja de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable. La Ley 27.801, sancionada por el Congreso a comienzos de este año, entró en vigencia tras meses de preparación en los distintos fueros de menores del país.

El cambio central del nuevo esquema es que los chicos y chicas de entre 14 y 18 años ahora pueden ser sometidos a proceso penal por delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, algo que la norma derogada —el decreto-ley 22.278— no contemplaba para los menores de 16. La edad que se tiene en cuenta es la que el adolescente tenía en el momento del hecho, no al momento del juicio.

Según el texto de la ley, su entrada en vigencia no implica que cualquier delito cometido por un menor derive automáticamente en una condena a prisión: para los casos con penas de hasta diez años se prevén medidas alternativas al encierro, mientras que los delitos más graves pueden tener condenas de hasta 15 años, siempre bajo un esquema diferenciado del de los adultos. El objetivo declarado, según sus fundamentos, es fomentar en el adolescente imputado un sentido de responsabilidad legal por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.

La sanción de la ley había recorrido un camino legislativo que arrancó en febrero, cuando Diputados le dio media sanción con una mayoría amplia, siguió con la aprobación del Senado a fines de ese mes y culminó con la promulgación del Poder Ejecutivo en marzo. Desde entonces, especialistas en derecho penal juvenil y la Justicia de menores vinieron trabajando en la adaptación de sus procedimientos a partir de esta fecha.

La medida divide opiniones. Sectores vinculados a la seguridad y al oficialismo la presentan como una respuesta necesaria frente a delitos cometidos por menores de 16 años que hasta ahora quedaban fuera del sistema penal. En la vereda opuesta, organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia advirtieron que bajar la edad de imputabilidad puede profundizar la estigmatización de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social, sin atacar las causas de fondo del delito juvenil.

Con información de Infobae.